El próximo 27 de julio se cumplirán cuatro años desde que dieron inicio oficialmente las obras en el emplazamiento del antiguo Canódromo de Palma, primera fase del denominado Bosque Urbano. La nueva zona verde está llamada a ser una de las más señaladas de la ciudad por su estratégica ubicación, entre los barrios de Es Fortí y Bons Aires, a ambos lados del Torrent de Sa Riera y a tiro de piedra del casco antiguo de la ciudad. Sin embargo, el proyecto se remonta a 2015, siendo presentado poco después de la toma de posesión del equipo municipal que hoy gobierna la ciudad. Todo indicaba que sería una de sus principales realizaciones, estandarte de otra manera de actuar en materia de zonas verdes y, por ende, de abordar el urbanismo de la ciudad.

El nuevo espacio se basaba en el anteproyecto de la arquitecta Isabel Bennàssar, concebido separadamente de la denominada Falca Verda planificada por Manuel Ribas Piera en 2002. Se reconfiguró de arriba abajo el diseño original, para dar mayor protagonismo a la vegetación, y conservaba las viejas instalaciones deportivas como base de su ordenación. Preveía una superficie de 16.000 metros cuadrados, correspondientes al viejo Canódromo, al que se añadirían 18.000 más en una segunda fase del contiguo Velódromo de Tirador. En total 1,8 hectáreas (34.000 metros cuadrados) al reciclar ambas instalaciones deportivas para uso ciudadano, aspirando a ser un parque de referencia por su extensión, historia y centralidad. Así se pretendía paliar la acuciante falta de superficies arbóreas y a la vez dar un giro a la política de zonas verdes en las últimas décadas, con excesivo predominio del cemento y las superficies duras.

Imagen que presenta el Canódromo en la actualidad. R. SANZ

La tardanza en las obras del Canódromo puede explicarse por los imprevistos sobrevenidos durante este tipo de obras, especialmente el descubrimiento de un tramo del acueducto musulmán de la Font de la Vila que obligó a tomar medidas complementarias para su protección. Pero esto no justifica tres años de retraso; ni siquiera la Covid-19, que frenó las obras temporalmente. A ello hay que añadir que el Canódromo es de propiedad municipal desde 2008, después de un proceso de expropiación iniciado en 1996 y que incrementó su importe de 9 a 14,3 millones de euros. Por tanto, su conversión en zona verde suma 25 años de espera y, salvo los últimos años, ha funcionado como vertedero y hogar de okupas, amén de sufrir varios incendios.

Por otro lado, la ejecución de la fase correspondiente al Velódromo de Tirador tampoco invita al optimismo. El ajuntament de Palma lo expropió en 2015, previo pago de 6,5 millones de euros (incluido un millón en intereses de demora); pero temas burocráticos aplazaron la ejecución hasta 2019. Mientras, el mantenimiento ha sido casi nulo hasta convertirse en un foco de suciedad y basuras. Además fue okupado en 2018, sin que todavía se haya reubicado a sus ocupantes después de cuatro años, que no solo se han apropiado del espacio sino que han maltratado el conjunto, colaborando a su degradación. Como factor positivo cabe reseñar la catalogación por el Ajuntament por su valor histórico y patrimonial, lo cual garantiza su conservación futura; eso si no desaparece antes, fruto de la degradación y el abandono, siete años después de haber tomado posesión del recinto.

Son conocidos los valores patrimoniales que atesoran el Velódromo de Tirador (abierto en 1903) y el Canódromo Balear (1932) como antiguos puntos de centralidad de la ciudad y que justifican su conservación. Quien escribe estas líneas redactó sendas monografías sobre ambos espacios y abogó por la necesidad de preservarlos mediante nuevos usos adaptados a los tiempos actuales. Es digno de aplauso que el plan trazado por Cort para la zona verde haya sido sensible a estos preceptos, pero como ciudadano de a pie se hace incomprensible la desmesurada dilación del proceso y la latente sensación de inoperancia.

Una obra prevista en un año puede sufrir retrasos; pero no cuadruplicar su tiempo de ejecución y sin que haya motivos contundentes que lo justifiquen (además, el presupuesto inicial se ha incrementado en tres ocasiones). Máxime cuando la obra pudo abrirse al público hace un par de años, con aspectos por pulir o corregir, pero era posible acceder con las debidas restricciones. De hecho, el viejo Canódromo ya está siendo frecuentado por jóvenes desde hace tiempo, pese a no estar inaugurado; han tenido tiempo de dejar grafitis, basuras y no ha sido okupado porque no hay ningún espacio habitable como tal, aunque sí se divisan algunas chabolas en el lecho de Sa Riera. Nada justifica esta dilación, desesperante para los vecinos de Es Fortí y Bons Aires.

Mientras tanto, otros proyectos de zonas verdes como el Parc de Bons Aires o la rehabilitación del Parc de Mar han sido impulsados con mayor agilidad y ya tienen líneas de financiación definidas. La Covid-19 supuso el freno para muchos proyectos, pero su reactivación mediante fondos europeos o estatales no está llegando del mismo modo a proyectos afectados por la pandemia. Incluso otros, como el Parc de les Vies, ni tan siquiera ha sido esbozado quince años después.

El Bosque Urbano debería ser referencia de un urbanismo no basado en legislaturas ni elecciones sino con altura de miras para futuras generaciones, combinando ecología y patrimonio, eficacia y participación, así como un modelo de respeto a la historia y al patrimonio de la ciudad. Sin embargo, ahora es ejemplo de cómo una mala planificación puede arruinar el mejor de los propósitos. De poco sirven proyectos sensibles con los medios urbano y ambiente si luego acaban enmarañados en una desesperante sensación de colapso, burocratización y opacidad para la ciudadanía, ávida de zonas verdes y vida social después de dos años de incertidumbre. Es respetable gobernar con vistas a largo plazo; pero también tenemos un presente que vivir y que, visto lo visto, nunca llega.